La revolución de las criptomonedas está convergiendo con un imperativo social: llevar servicios financieros a quienes han sido históricamente excluidos. En países en desarrollo, donde la falta de infraestructura bancaria y la volatilidad de las monedas locales persisten, las tecnologías de contabilidad distribuida ofrecen un rayo de esperanza.
Esta exploración aborda no solo los logros alcanzados hasta 2026, sino también los desafíos y las estrategias clave para consolidar una economía digital abierta que beneficie a millones de personas en América Latina, África y Asia.
A medida que gobiernos y empresas experimentan con soluciones basadas en blockchain, las plataformas de intercambio peer-to-peer han proliferado en regiones con regulaciones flexibles. Chainalysis sitúa a países como Argentina, Nigeria y Vietnam en los primeros puestos de adopción global, un fenómeno impulsado por factores económicos y tecnológicos.
En Argentina, donde la inflación anual superó el 100% en años recientes, familias y pymes acuden a Bitcoin como resguardo de valor estable, destinando hasta el 15% de sus ahorros a activos digitales. La red Lightning se ha convertido en un canal habitual para microtransacciones, desde el pago de transporte público hasta comisiones escolares.
Nigeria, con más del 60% de su población menor de 25 años, ilustra el poder de la innovación móvil. Redes P2P y billeteras descentralizadas permiten enviar remesas a comunidades rurales con comisiones por debajo del 1%, frente al 7% promedio en servicios tradicionales. No obstante, la proliferación de esquemas fraudulentos, como el colapso de CBEX que afectó a más de 250 millones de dólares, subraya la necesidad de supervisión.
En Asia, Vietnam muestra un crecimiento exponencial en el uso de criptomonedas. Con más de 70 millones de usuarios de internet y un aumento del 150% en transacciones P2P en 2025, la adopción de DApps para pagos y micropréstamos ha alcanzado una madurez sorprendente. Brasil, por su parte, impulsa el uso de stablecoins para afrontar la inestabilidad del real, mientras que India emerge como un potencial gigante gracias a sus 400 millones de usuarios de pago digital. El innovador esquema Treasure NFT movilizó 800 millones de dólares en India y Pakistán, evidenciando el apetito por productos digitales.
Este panorama revela patrones comunes: economías con monedas locales sometidas a alta volatilidad, poblaciones con amplio acceso a dispositivos móviles y enfoques regulatorios experimentales que oscilan entre la apertura y la restricción. La combinación de estos factores define el liderazgo en la transformación hacia una infraestructura financiera descentralizada.
El potencial de blockchain va más allá de la simple transferencia de valor. Iniciativas piloto en India han demostrado que las remesas usando stablecoins pueden reducir costos de hasta un 90% y acelerar la liquidación de pagos. En América Latina, proyectos de microcréditos sobre blockchain en Colombia y Perú replican el modelo de solidaridad financiera de Grameen Bank, ofreciendo préstamos sin avales basados en reputación digital.
Además, la emisión de identidad digital descentralizada rompe el ciclo de exclusión de usuarios sin documentación física, posibilitando el acceso a préstamos, seguros y otros servicios formales.
En conjunto, estas herramientas contribuyen a que el 78% de las micro, pequeñas y medianas empresas en economías emergentes cuente con servicios financieros adaptados a sus necesidades.
A pesar del progreso, varios obstáculos deben superarse para consolidar un sistema inclusivo y seguro.
Estos desafíos requieren políticas públicas equilibradas, inversión en infraestructura y colaboración entre entidades estatales y corporativas, además de un compromiso con la privacidad y la ciberseguridad para proteger los datos de usuarios más vulnerables.
La construcción de una economía digital inclusiva se basa en tres pilares fundamentales: regulación, educación y colaboración multisectorial.
Primero, las autoridades deben desarrollar marcos regulatorios claros que motiven la innovación financiera y protejan a los usuarios de prácticas abusivas. Los sandboxes regulatorios, como los implementados en El Salvador y Brasil, sirven de modelo para pilotar servicios sin riesgos macroeconómicos.
Segundo, la alfabetización financiera y digital debe integrarse en currículos educativos y programas comunitarios. Iniciativas de ONG y universidades pueden capacitar a miles de jóvenes y emprendedores en el uso seguro de billeteras, remesas y DeFi.
Tercero, la colaboración entre el sector público y privado permitirá desplegar soluciones de tokenización de activos locales—desde tierras agrícolas hasta facturas por cobrar—facilitando el acceso al capital y fomentando el desarrollo productivo.
Además, el impulso de la minería con energías renovables, aprovechando fuentes hidroeléctricas en países como Bhutan, alineará el desarrollo de la infraestructura blockchain con objetivos de sostenibilidad ambiental.
Al combinar tecnologías de vanguardia con políticas inclusivas, las criptomonedas pueden convertirse en un catalizador para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Cada transacción dentro de una red descentralizada representa la posibilidad de transformar realidades locales.
En 2026, la transformación ya es palpable: millones de usuarios han accedido por primera vez a servicios financieros, pequeñas empresas han escalado operaciones y remesas fluyen con mayor eficiencia. El próximo paso será consolidar estos avances, extenderlos a zonas más remotas y garantizar que la era digital deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho universal.
La invitación es clara: gobiernos, emprendedores y sociedad civil deben unirse en un propósito compartido. La inclusión financiera basada en blockchain no es una utopía, sino una meta alcanzable si promovemos la confianza, la innovación y la cooperación global.
Referencias
